29 sep
2025
Cuando Dina Boluarte, Presidenta de la República del Perú recibió la última ronda de protestas de la Generación Z en Plaza San Martín, la capital se convirtió en un escenario de choque entre jóvenes y la Policía Nacional del Perú. Los hechos, que se sucedieron los días 21, 27 y 28 de septiembre de 2025, dejaron al menos 18 heridos, entre ellos periodistas, una persona mayor y un brigadista de salud, y encendieron un debate sobre la represión estatal y la creciente indignación de los ciudadanos.
Desde principios de año, los índices de aprobación de la gestión de Dina Boluarte fluctuaban alrededor del 2 % según la encuesta de “Ipsos Perú”. El Congreso de la República no superaba el 1,5 % de confianza popular. Ese escenario alimentó una ola de manifestaciones que, a diferencia de protestas anteriores, fueron encabezadas casi exclusivamente por jóvenes de la denominada “Generación Z”.
Estos jóvenes, organizados bajo el colectivo homónimo y apoyados por sindicatos de transportistas –entre ellos la SUTRAP (Sindicato Único de Trabajadores del Transporte)–, demandan cambios estructurales: la revocación del controvertido proyecto de ley de pensiones, mayor seguridad ciudadana y el fin de supuestos casos de corrupción en entidades públicas.
El 21 de septiembre, alrededor de las 10 h, cientos de manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín. Entre pancartas y cantos, los jóvenes portaban banderas con personajes de anime One Piece, símbolo de resistencia que había surgido tras protestas similares en Nepal.
La Policía Nacional del Perú desplegó unas 5.000 efectivos para cubrir la zona central de Lima. Lo que empezó como una marcha pacífica rápidamente se tornó violento: se lanzaron granadas de gas lacrimógeno y, en varios puntos, disparos de pistolas de balines que dejaron heridos a varios transeúntes. Un reportero del diario El Comercio relató: “El aire se volvió denso, la vista se nubló y, de pronto, escuché el crujido de la pólvora; fue un momento de miedo que no olvidaré”.
La segunda oleada, el sábado 27 de septiembre, se concentró nuevamente frente al Congreso. Según el registro de la Fiscalía, al menos 18 personas resultaron lesionadas, entre ellas una periodista de TV, un brigadista de la Cruz Roja y una señora de 68 años que fue golpeada en el rostro por una pistola de balines mientras manifestaba con una bandera peruana. Las protestas del domingo 28 continuaron la presión, con bloqueos temporales de vías y destrozos menores –macetas de flores, papeleras y algunos vitrales de comercios.
El gobierno, a través del portavoz del Ministerio del Interior, declaró que la fuerza utilizada fue "proporcional a la amenaza" y que "las armas de fuego no están autorizadas, solo balines y gas". Sin embargo, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional emitió un comunicado calificado de "excesivo uso de la fuerza" y solicitó una investigación independiente.
Los líderes del colectivo Generación Z explicaron que su objetivo no es derrocar al gobierno, sino obligar a la autoridad a escuchar sus demandas. "Queremos un Perú donde la seguridad no sea un lujo y donde nuestras pensiones no se reduzcan a la voluntad de los bancos privados", declaró María Fernández, vocera del movimiento.
Los sindicatos de transportistas, por su parte, recordaron que en 2025 se han reportado más de 60 asesinatos de conductores a manos de grupos extorsionadores, lo que, según ellos, alimenta la sensación de vulnerabilidad en los ciudadanos y refuerza la exigencia de mayor seguridad pública.
Un estudio del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) señala que la combinación de protestas juveniles y la represión policial puede desencadenar una "espiral de polarización" que, si no se canaliza, podría derivar en un escenario de mayor inestabilidad. El sociólogo Luis Ortega comentó: "La Generación Z está más conectada, usa redes sociales para viralizar cada incidente y esa exposición intensifica la presión sobre el gobierno”.
En cuanto al proyecto de ley de pensiones, los analistas financieros advierten que obligar a los trabajadores independientes a aportar a AFP a partir de 2028 y limitar el retiro del 95,5 % del fondo para menores de 40 años podría reducir el poder adquisitivo de los futuros jubilados, provocando un descontento aún mayor entre la población activa.
El Congreso, con una calificación de 1,5 % de aprobación, ha anunciado una sesión extraordinaria para el 5 de octubre, donde se debatirá la posible modificación del proyecto de pensiones. Mientras tanto, los líderes de la Generación Z ya están preparando una nueva marcha para el 12 de noviembre, con la intención de ocupar nuevamente la Plaza San Martín y exigir respuestas concretas.
Si el gobierno decide negociar, podría restablecer cierta credibilidad; pero, de lo contrario, la presión social –alimentada por la cobertura mediática y el apoyo de organizaciones internacionales– podría traducirse en una crisis institucional que obligue a la convocatoria de elecciones anticipadas.
El desencadenante fue el proyecto de ley de pensiones que obligaría a trabajadores independientes a aportar a AFP desde 2028 y limitaría el retiro del 95,5 % de sus fondos a quienes tengan menos de 40 años. Sumado a la escasa aprobación del presidente Dina Boluarte y la inseguridad provocada por asesinatos de conductores, la juventud sintió que sus reclamos no eran escuchados.
Al menos 18 personas recibieron atención médica, entre ellas una periodista de televisión, un brigadista de la Cruz Roja y una anciana de 68 años que fue golpeada con una pistola de balines. También hubo heridos menores de edad y transeúntes que no participaban en la marcha.
El portavoz del Ministerio del Interior afirmó que la fuerza fue "proporcional" y que solo se emplearon granadas de gas y balines, no armas letales. No obstante, Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente por presunto uso excesivo de la fuerza.
El proyecto obliga a aportar a un AFP desde 2028, lo que implica deducciones mensuales obligatorias. Además, limita a los menores de 40 años a retirar sólo el 95,5 % de su fondo al jubilarse, reduciendo potencialmente los ingresos de futuro pensionista.
Se anticipa que el Congreso debatirá la posible modificación del proyecto de pensiones y examinará la creación de una comisión de derechos humanos para investigar los incidentes de septiembre. La presión social podría impulsar cambios, aunque la fractura política hace difícil predecir el resultado.
Comentarios (4)
Francisco Javier Pereira Riquelme
septiembre 29, 2025 AT 22:53
Obvio que el gobierno nunca va a ceder, siempre están inventando excusas para justificar la represión, y la gente sigue creyendo que les importa algo, aunque la realidad sea otra. Además, la prensa parece estar bajo control del mismo aparato estatal, lo que hace que la información sea muy sesgada y lo único que se oye son los gritos de los manifestantes sin un análisis serio del problema. No entiendo por qué siguen con tanto entusiasmo, si al final el sistema es el que decide el destino de la gente, y la protesta solo sirve para alimentar más propaganda oficial. En fin, la situación está lejos de mejorar mientras sigan los mismo políticos, y cualquiera que diga lo contrario está viviendo en una burbuja de ignorancia.
Jorge Valdivia Guzmán
septiembre 30, 2025 AT 00:10
Lo único que no se menciona en los medios es que detrás de esas granadas de gas lacrimógeno hay un programa secreto de control mental financiado por intereses extranjeros que quieren mantener a la población bajo vigilancia constante. Algunas voces susurran que la policía está equipada con drones de baja altitud que transmiten datos a centros de datos ubicados fuera del país, y que las balas de balín son en realidad proyectiles diseñados para dejar microchips en la piel de los manifestantes. Todo esto forma parte de una estrategia de desestabilización que busca dividir a la juventud y evitar una verdadera revolución.
lucia Amunategui
septiembre 30, 2025 AT 01:30
En primer lugar, es fundamental entender el contexto histórico que ha conducido a estas protestas, ya que la falta de confianza en las instituciones no surge de la nada, sino que es el resultado de años de decisiones polémicas.
En segundo lugar, el proyecto de ley de pensiones presenta una serie de vulnerabilidades, como la obligatoriedad de aportar a AFP desde 2028, lo que afectará directamente a los trabajadores independientes, que ya operan con márgenes muy estrechos.
En tercer lugar, la respuesta policial debe ser proporcional y alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, evitando el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y balines, que pueden causar lesiones graves y traumáticas.
En cuarto lugar, la sociedad civil debe fortalecer sus mecanismos de vigilancia, creando comités independientes que supervisen cada acción de las fuerzas de seguridad, garantizando así la rendición de cuentas.
En quinto lugar, los sindicatos, como la SUTRAP, juegan un papel crucial al denunciar los asesinatos de conductores y exigir medidas de seguridad específicas, lo cual es una pieza esencial del rompecabezas.
En sexto lugar, la denuncia de organizaciones como Amnistía Internacional debe ser tomada como una oportunidad para abrir un proceso de investigación transparente y sin interferencias políticas.
En séptimo lugar, los jóvenes de la Generación Z están utilizando herramientas digitales de forma efectiva para amplificar su mensaje, lo que obliga al Estado a adaptarse a una era de información instantánea.
En octavo lugar, la participación de la prensa y los periodistas heridos subraya la necesidad de proteger la libertad de expresión, ya que la información veraz es la base de una democracia saludable.
En noveno lugar, la sociedad debe fomentar el diálogo intergeneracional, pues la brecha entre la juventud y las autoridades ha aumentado considerablemente.
En décimo lugar, el Congreso debe priorizar la revisión del proyecto de pensiones, incorporando consultas públicas amplias y representativas.
En undécimo lugar, la implementación de un programa nacional de seguridad ciudadana debe incluir la capacitación en derechos humanos para los agentes policiales.
En duodécimo lugar, la comisión independiente propuesta para investigar los incidentes debe contar con representantes de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y observadores internacionales.
En decimotercer lugar, los ciudadanos deben ejercer su derecho a la protesta pacífica, pero siempre respetando la integridad física de terceros.
En decimocuarto lugar, la política pública debe buscar soluciones integrales que consideren la salud mental de los manifestantes, ya que la exposición a la violencia genera secuelas a largo plazo.
En decimoquinto lugar, la cooperación regional con otros países latinoamericanos puede ofrecer buenas prácticas para manejar protestas sin escalar a violencia.
Sergio Uribe
septiembre 30, 2025 AT 02:53
Entiendo la frustración de los jóvenes, y creo que es importante que todos podamos expresar nuestras opiniones sin temor a represalias. La violencia nunca es la solución, pero la represión tampoco lo es 😊. Necesitamos canales de diálogo abiertos y reales, donde se escuchen las demandas y se busquen consensos.