Uso de fuerza policial: qué dice la ley y cuándo se usa en Chile

El uso de fuerza policial, la acción que las fuerzas del orden pueden tomar para controlar situaciones de riesgo, mantener el orden público o proteger vidas. También conocido como fuerza pública, es un tema que divide opiniones porque, aunque es necesario en algunos casos, puede cruzar límites cuando no se aplica con proporcionalidad y transparencia. En Chile, esta práctica no es libre: está regulada por la Ley N° 20.640, que exige que cualquier uso de fuerza sea necesario, proporcional y mínimo. No se trata de reprimir, sino de contener. Si un manifestante no amenaza con violencia, no se justifica el uso de gases lacrimógenos, balines o porras. Pero cuando hay ataques a policías, incendios de vehículos o intentos de invadir edificios públicos, la ley permite actuar —pero siempre con criterio.

El control de manifestaciones, la forma en que la policía gestiona reuniones masivas que pueden volverse tensas. También conocido como manejo de multitudes, es uno de los escenarios donde más se cuestiona el uso de fuerza policial. En 2019, durante las grandes protestas, se vieron casos extremos: policías disparando a quemarropa, uso masivo de gas, y heridos por proyectiles no letales. Eso no fue aislado. En 2025, en Lima, las protestas de la Generación Z dejaron 18 heridos por el mismo tipo de intervención. En Chile, el SENAPRED y la Policía de Investigaciones han ajustado protocolos, pero la desconfianza persiste. ¿Por qué? Porque muchas veces, la fuerza se usa como primera opción, no como última. La clave está en la formación: un policía bien entrenado sabe diferenciar entre un ciudadano enojado y uno armado. No todos los gritos son amenazas.

Los derechos humanos, las garantías que toda persona tiene, incluso cuando se enfrenta a la autoridad. También conocido como protección civil, son el contrapeso legal al poder policial. La Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución chilena establecen que nadie puede ser sometido a tortura ni trato cruel. El uso excesivo de fuerza no solo es ilegal: es un crimen. Y aquí es donde entra la transparencia: ¿se graba? ¿se rinde cuentas? ¿se investiga? En muchos casos, no. Por eso, cuando vemos en las noticias que la policía intervino en una protesta y hubo heridos, lo que realmente importa no es si hubo desórdenes, sino si la respuesta fue la mínima necesaria. Eso es lo que separa a una fuerza pública legítima de una que abusa.

Lo que encontrarás aquí no son teorías. Son casos reales, decisiones judiciales, protocolos aplicados y errores repetidos. Verás cómo se actuó en Valparaíso durante simulacros, cómo se manejaron tensiones en Santiago, y qué pasó cuando las fuerzas del orden se enfrentaron a movilizaciones sin armas. No hay disculpas ni excusas: solo hechos, leyes y consecuencias. Si quieres entender por qué la gente sigue protestando, o por qué muchos temen a la policía, esto te da las claves reales, sin filtros.