El Escándalo de la Colusión de Precios de Pollo

Desde hace varios años, los consumidores chilenos han sido testigos de uno de los escándalos de colusión más importantes en el mercado nacional: la fijación de precios de la carne de pollo. Este episodio, que tuvo lugar entre 2008 y 2011, no solo marcó un hito en la historia económica del país, sino que también afectó directamente el bolsillo de miles de chilenos. Las empresas involucradas, incluyendo grandes cadenas de supermercados como SMU, Walmart y Cencosud, se habían coordinado de manera ilícita para manipular los precios del pollo, uno de los alimentos básicos en la dieta nacional.

El impacto socioeconómico de esta práctica no fue menor. La colusión no solo encareció el costo de vida de las familias, sino que también minó la confianza en el mercado de consumo. Este tipo de prácticas desleales perjudican la competencia libre y afectan al pequeño comercio. Además, debido a que el pollo es un producto altamente consumido por diversas capas sociales, el daño fue especialmente duro para las familias de escasos recursos. Tras investigaciones de varios años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y posteriormente la Corte Suprema de Chile dictaminaron sanciones significativas contra las empresas implicadas, que debieron enfrentar multas millonarias por su conducta anticompetitiva.

El Acuerdo de Compensación y sus Beneficiarios

En un avance hacia la reparación de los daños ocasionados, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), llegaron a un acuerdo judicial con SMU para compensar a las personas afectadas por esta colusión. Este acuerdo marca un momento crucial, pues busca ofrecer cierta retribución económica a quienes perdieron más debido a esta práctica tan cuestionable y reiteradamente condenada en el ámbito legal.

La compensación aprobada destina aproximadamente 2,600 millones de pesos a 191,000 beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Cada uno de estos beneficiarios recibirá un monto adicional de $13,722 que será incluido automáticamente en sus pagos habituales de pensión de diciembre de 2024, entre los días 3 y 23. Este pago adicional, que no requiere que los beneficiarios tomen ninguna acción particular ni presentación de solicitudes, buscará aliviar en parte el impacto de la anterior alza injustificada en los precios del pollo.

Detalles del Proceso de Pago

El proceso de distribución del pago está organizado de manera que la mayoría de los beneficiarios reciban la compensación entre el 18 y el 20 de diciembre de 2024. Esto asegurará que las personas puedan contar con los recursos adicionales antes del cierre del año, un momento especialmente sensible económicamente para muchos hogares. En este contexto, el Instituto de Previsión Social (IPS) y su director Juan José Cárcamo han subrayado que la compensación se designará explícitamente como 'compensación de la colusión de carne de pollo' en el desglose de la pensión. Además, insistieron en que este abono se realizará de manera automática, simplificando así el acceso al beneficio para todos los implicados.

El monto total de las compensaciones, equivalente a 3,438 Unidades Tributarias Anuales (UTA), se derivó de la cantidad que SMU acordó desembolsar como parte de este acuerdo. Es relevante destacar que este no solo es un acto de compensación económica, sino también un mensaje importante en favor de la justicia y la equidad de mercado. Lograr que las grandes empresas reconozcan sus errores y remediar de alguna manera los daños cometidos sienta un precedente crucial y da esperanzas de que prácticas similares sean evitadas en el futuro.

La Importancia de Este Acuerdo para la Sociedad

Beyond the immediate financial impact, the agreement sends out a strong social and political message. It highlights the commitment of public institutions to protect consumer rights and impose legality in the market. Additionally, it serves as a deterrent for future business practices that might be tempted to follow a similar path of anti-competitive behavior. Consumer trust is vital for any economic system, and this agreement, albeit a small step, helps in restoring some of that lost trust.