El Medicaid, un programa de seguro médico financiado por el gobierno federal y los estados de EE.UU. para personas con bajos ingresos. También conocido como asistencia médica pública, es una de las mayores redes de protección social en Estados Unidos, cubriendo a más de 80 millones de personas en 2025. A diferencia de Medicare, que es para adultos mayores, Medicaid atiende a familias pobres, embarazadas, niños, personas con discapacidades y adultos sin recursos. Su financiamiento es compartido: el gobierno federal pone la mayor parte, pero cada estado decide quién califica, qué servicios cubre y cómo lo administra. Por eso, lo que se llama Medicaid en California puede ser muy distinto a lo que se ofrece en Texas o en Florida.
Este programa aparece en las noticias porque cada año se discute su presupuesto, sus cambios legales y cómo afecta a la vida real de quienes lo usan. Cuando el gobierno de EE.UU. cierra por falta de fondos, como ocurrió en 2025, la TSA y la agencia que controla los aeropuertos se paran, pero también se retrasan pagos a proveedores de Medicaid. Cuando se propone recortar cobertura, como en 2024, las protestas en estados como Nueva York o Wisconsin se vuelven titulares. Y cuando se amplía, como en algunos estados que incluyeron servicios dentales o de salud mental, los medios hablan de avances en salud pública, el sistema que busca que todos tengan acceso a atención médica, no solo quienes pueden pagarla.
¿Por qué aparece en un sitio chileno como Noticias Amancay? Porque las decisiones en EE.UU. tienen eco aquí. Cuando el gobierno de EE.UU. reduce fondos para Medicaid, afecta a empresas médicas que exportan equipos o medicamentos a Latinoamérica. Cuando se discute si se debe incluir a inmigrantes indocumentados, se generan debates en comunidades chilenas en California o Texas. Y cuando se prueban nuevas formas de entregar atención, como con apps o telemedicina, esos modelos terminan siendo estudiados en Santiago o Valparaíso. No es solo un tema de Estados Unidos: es un ejemplo de cómo el Estado puede (o no) garantizar el derecho a la salud.
En la lista de artículos que siguen, verás cómo el cierre del gobierno de EE.UU. afectó vuelos y servicios básicos, cómo se desmienten rumores sobre productos falsos que usan el nombre de Elon Musk, y cómo se gestionan crisis en sistemas de salud y transporte. Todo esto está conectado: cuando el sistema de salud pública se debilita, las consecuencias llegan hasta los aeropuertos, los hospitales y hasta los bolsillos de quienes viven al límite. Aquí no se trata solo de Medicaid, sino de lo que pasa cuando la seguridad social se convierte en una apuesta política.
El gobierno de Biden ha presentado una innovadora propuesta para incluir medicamentos para la pérdida de peso, como Wegovy y Zepbound, en las coberturas de Medicare y Medicaid. Esta medida podría beneficiar a más de 7 millones de estadounidenses clasificados como obesos, reconociendo la obesidad como una enfermedad tratable. Sin embargo, enfrenta oposición política y podría costar a los contribuyentes hasta 35 mil millones de dólares en la próxima década.