Corte Penal Internacional, el único tribunal permanente del mundo encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. También conocida como CPI, no es una organización de la ONU, sino un tribunal independiente creado en 2002 para que nadie quede impune por los peores crímenes contra la humanidad. A diferencia de los tribunales nacionales, la CPI solo actúa cuando los países no quieren o no pueden juzgar estos delitos. Y aunque Chile no ha sido escenario de un juicio directo, su postura como país firmante del Estatuto de Roma —el tratado que la creó— la convierte en parte activa de este sistema global de justicia.
La CPI no investiga cualquier crimen. Solo se mete cuando hay pruebas claras de crímenes de guerra, actos como atacar civiles, usar niños soldado o torturar prisioneros durante un conflicto armado, genocidio, el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, o crímenes de lesa humanidad, ataques generalizados contra población civil, como ejecuciones masivas, desapariciones o esclavitud sexual. No hay juicios por corrupción, fraude o violencia doméstica —esos son asuntos de los tribunales locales. La CPI solo entra cuando el daño es tan grande que trasciende fronteras y afecta a la comunidad internacional entera.
Chile ha apoyado a la CPI desde el principio, pero no ha sido un caso central. Sin embargo, cuando se han investigado crímenes en América Latina —como en Venezuela, Colombia o Nicaragua—, la CPI ha pedido información a Chile por su rol diplomático y su historial de defensa de derechos humanos. Esto significa que, aunque no haya un proceso abierto aquí, el país puede ser parte de la evidencia en casos internacionales. La CPI también ha pedido cooperación en investigaciones sobre desapariciones forzadas durante dictaduras, y Chile ha respondido en varios casos.
Lo que sí es claro: si en algún momento en Chile se demuestra que hubo crímenes de lesa humanidad que nunca fueron juzgados, y el sistema nacional sigue sin actuar, la CPI tiene la potestad de intervenir. Eso no es una amenaza, es una garantía. Para muchas víctimas en el mundo, la CPI es la última esperanza de justicia. Y aunque los procesos son lentos —a veces tardan más de una década—, los juicios que ha abierto, como el de los líderes de Sudán o los exaltos militares de la República Democrática del Congo, han cambiado la forma en que el mundo ve la impunidad.
En las siguientes notas, verás cómo este tribunal ha aparecido en noticias de otros países, qué casos han llamado la atención, y cómo las decisiones de la CPI pueden tener efectos en Chile, incluso sin que haya un juicio aquí. No es solo un tribunal lejano. Es un espejo de lo que pasa cuando el poder se descontrola, y cómo la comunidad internacional intenta detenerlo.
Luis Almagro, Secretario General de la OEA, ha solicitado a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. La petición se basa en un informe de la OEA que detalla graves violaciones a los derechos humanos y represión política en Venezuela.