La polémica de los viajes en licencia médica: un síntoma de la administración pública

La noticia sorprendió a medio Chile: unos 25.000 funcionarios públicos aprovecharon licencias médicas para salir del país en los últimos años. No se trata de un viaje ocasional por fuerza mayor. Lo que más ha hervido la conversación pública es que estas ausencias médicas, pagadas con fondos fiscales, han derivado en viajes internacionales, en teoría incompatibles con una situación de salud que impide cumplir funciones laborales.

El dato no es menor y fue expuesto por Rodrigo Pérez de Arce Faro, académico de la Universidad del Desarrollo, quien exigió en una carta pública una respuesta enérgica del gobierno. La denuncia se suma al clima de hartazgo con los casos de uso poco transparente de recursos estatales, sobre todo en tiempos de restricciones presupuestarias y cuando servicios básicos como salud y educación reclaman más inversión.

Lo que más indigna es la escala: no se trata de unos pocos casos aislados, sino de decenas de miles de viajes que fueron posibles solo porque el Estado, de alguna u otra manera, no detectó ni frenó el fenómeno. ¿El problema? Una sistema de control que parece demasiado laxo, con escasos mecanismos de fiscalización y un margen de transversalidad que desconcierta a todos: desde personal administrativo hasta profesionales técnicos.

Consecuencias y exigencias políticas: ¿habrá cambios reales?

Los viajes financiados durante licencias médicas plantean preguntas molestas sobre nuestra cultura laboral y nuestra confianza en los sistemas públicos. Las críticas no solo apuntan a quienes viajaron, sino a la estructura misma que permite este tipo de grietas: ¿cómo es posible que haya tan poca verificación sobre qué hacen realmente las personas durante su licencia?

Algunos expertos ponen el foco en que esta práctica refleja también una cultura de impunidad dentro del aparato estatal. Mientras en el sector privado una licencia médica es mirada con lupa, en el ámbito público persiste la percepción de flexibilidad máxima. Los gastos asociados a estos viajes—alimentación, alojamiento, pasajes—no salen del bolsillo de quienes están de licencia, sino del presupuesto nacional, inflando el coste para todos los contribuyentes.

Por eso, la denuncia de Pérez de Arce Faro exige reformas concretas. Pide avanzar más allá de las declaraciones condenando el hecho y establecer sistemas cruzados de control entre Fonasa, Isapres, Aduanas, Registro Civil y las propias instituciones públicas. No basta con lamentar la situación; urge cambiar procedimientos, endurecer sanciones y, sobre todo, restablecer el principio básico de responsabilidad. ¿Habrá voluntad política para ir a fondo, o nos esperan más titulares iguales de sorprendentes en el futuro?

• Controles más efectivos durante las licencias, usando tecnología para rastrear viajes.
• Mayor coordinación entre entidades públicas para compartir información y detectar abusos.
• Sanciones ejemplares para quienes incurran en este comportamiento, recuperando fondos mal utilizados.
• Campañas de concienciación interna para promover la ética y la transparencia.

No es un simple hecho anecdótico: detrás del escándalo está la discusión sobre cómo gestionar, controlar y dignificar el servicio público. Para evitar otro episodio como este, la administración estatal tiene un desafío urgente: dar señales claras de que el dinero público es sagrado y funcionarios públicos deben rendir cuentas de cada peso, incluso durante sus ausencias.